Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente en favor del exDefensor del Pueblo de Bolivia Waldo Albarracín y su familia y pidió al Gobierno transitorio del país otorgarles protección ante amenazas de muerte anónimas que han recibido en los últimos días.

Albarracín, que también fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) informó este viernes en Facebook sobre la acción de AI e incluyó en su mensaje el enlace para ver el documento en la web del organismo.

«Desde hace varios días hemos recibido decenas de amenazas de muerte, esto obstaculiza con nuestro trabajo habitual de defensa de los derechos humanos», escribió.

Con el rótulo «Vida de defensores en peligro», el documento de AI menciona las denuncias de Albarracín y su hijo Franco, también activista por los derechos humanos, sobre una serie de amenazas de muerte que han recibido desde el pasado 19 de octubre, «un día después de las elecciones presidenciales» en Bolivia.

Estas amenazas provienen de personas no identificadas y se efectuaron a través de teléfonos móviles y las redes sociales, indica el organismo.

También menciona dos vídeos publicados en redes sociales que «acusaban a Waldo de participar en un golpe de Estado contra el gobierno de Morales», uno de ellos lo incluía en una «lista negra de traidores de Bolivia» y el segundo lo sindica de «planear el incendio de su propia casa» durante la crisis social y política de fines de 2019.

«Pedimos al ministro de Gobierno que otorgue de inmediato medidas de protección completas y sostenibles a Waldo y Franco Albarracín y a su familia, en consulta con los propios afectados», añade.

También en Facebook, Franco Albarracín señaló que desde las recientes elecciones han recibido «más de 20 amenazas de muerte y que «varios líderes y exfuncionarios de gobierno» les acusaron de incendiar su propia casa.

En los recientes comicios generales ganó el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales.

LOS ANTECEDENTES

La vivienda de los Albarracín fue incendiada la noche del 10 de noviembre de 2019, después de que Morales anunciara su renuncia a la Presidencia denunciando que era víctima de un supuesto golpe de Estado.

La renuncia de Morales agravó la crisis desatada desde el día después de los comicios del 20 de octubre de 2019, cuando comenzaron las sospechas de un supuesto fraude electoral a su favor que él niega y que son investigadas penalmente.

Horas después de su anuncio, salieron turbas en las ciudades vecinas de El Alto y La Paz a causar zozobra, incendiando y apedreando viviendas particulares y saqueando comercios, sobre todo en el sur paceño, donde se encontraba la casa de Albarracín, crítico de Morales.

En la información complementaria a la «acción urgente», AI señaló que tras el incendio, Albarracín y su familia han «luchado» por encontrar «un lugar estable donde vivir y garantizar su seguridad, ya que han seguido recibiendo amenazas de muerte de personas no identificadas en las redes sociales».

También recordó que el exdefensor del Pueblo pidió en febrero pasado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «en vista del posible riesgo de sufrir un daño irreparable a su vida y su integridad personal», pero «hasta el momento no se las han concedido».