24 de septiembre de 2020

Asamblea de la Cruceñidad exige a la Fiscalía celeridad en el proceso penal contra Evo Morales

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La Asamblea de la Cruceñidad determinó este martes, exigir al Ministerio Público celeridad en el proceso penal contra Evo Morales y otros representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«La Asamblea resuelve exigir al Ministerio Público dar celeridad en el proceso penal, iniciado por el Comité Pro Santa Cruz, contra Evo Morales y otros dirigentes del MAS, así como también Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza por el delito de lesa humanidad», dijo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

Otros de los puntos del manifiesto es la solicitud a la Fiscalía y al poder judicial, «que presenten un informe actualizado y circunstanciado del estado del proceso por el fraude de las elecciones del 2019», expresó el líder cívico.

También se pidió la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, «por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del pueblo boliviano, debiendo actuar con independencia y solvencia ética, precautelando la salud y la vida del pueblo boliviano».

Agregó que, en ese contexto, el TSE deberá sancionar al MAS «cancelando su personería jurídica por los delitos cometidos».

Finalmente, se pidió que se deje abierta la fecha de elecciones, «hasta que una comisión científica recomiende su realización en función al estado de la pandemia, provocada por el COVID-19».

Resolución de la Asamblea de la Cruceñidad

El Comité Pro Santa Cruz, en su Asamblea de la Cruceñidad del 11 de agosto de 2020, como la más genuina expresión y representación cívica de la sociedad cruceña, declara y reafirma que, los principios de libertad y democracia no se negocian ni se subordinan.

El pueblo cruceño y boliviano que, una vez más recuperó la democracia y restableció las libertades, en la pacífica revolución ciudadana de octubre de 2019, ratifica su inclaudicable decisión de preservarlas y defenderlas con el compromiso militante de todas sus instituciones y fuerzas sociales.

En ese marco, así como se defendió la democracia y la libertad, ahora también lo hacemos por la vida, amenazada por la pandemia del Covid-19 y, agravada por los bloqueos criminales que impiden la llegada de insumos y medicamentos para hacer frente a la emergencia sanitaria.
Los abusos recientes, ocurridos en diversas zonas de la geografía departamental y nacional, donde varias personas han sido detenidas, secuestradas, humilladas, y torturadas, ponen en evidente riesgo el sistema democrático y promueven el retorno a la dictadura y, aquello no lo vamos a permitir.

La conducta del delincuente Evo Morales y los líderes de su partido político, movilizando y financiando a personas para generar bloqueos, caos, convulsión y muerte, no pueden quedar impune.

Tampoco podemos aceptar la conducta del Tribunal Supremo Electoral representado por su presidente pues, su ambivalencia y subordinación a los intereses de los promotores del fraude y destructores del estado de derecho, no garantizan un proceso electoral como se merece el pueblo boliviano.

Es inadmisible la conducta mezquina y antipatriótica de la Asamblea Legislativa, al utilizar sus prerrogativas constitucionales con fines eminentemente partidistas e interesados, subordinando las reales necesidades del pueblo boliviano.

Por lo expuesto, la Asamblea de la Cruceñidad resuelve:

Primero. Exigir al Ministerio Público como defensor de la sociedad dar celeridad al proceso penal iniciado por el Comité pro Santa Cruz al Sr. Evo Morales y todos los dirigentes del MAS vinculados, así como a los dirigentes Juan Carlos Huarachi y Leonardo loza, por delitos de lesa humanidad contra el pueblo boliviano. Asimismo, hacer esta denuncia ante los organismos pertinentes de la comunidad internacional.

Segundo. Exigir a la Presidenta Constitucional y su gabinete cumplir con firmezas el imperio de la ley en Bolivia, activando todos los mecanismos legales de resguardo y protección de las garantías constitucionales gobernando para todos y cada uno de los bolivianos sin cálculo político.

Tercero. Exigimos la renuncia del presidente del Tribunal Electoral Plurinacional, Salvador Romero, por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del pueblo boliviano, debiendo actuar con independencia y solvencia ética en el marco de la ley, precautelando la salud y la vida del pueblo boliviano. En ese contexto, el Tribunal Supremo Electoral deberá sancionar al MAS cancelando su personería jurídica por los delitos cometidos.
3.1. Demostrar inmediatamente y de manera pública la situación y saneamiento del padrón electoral.
3.2. Demostrar de manera pública y formal, el cumplimiento de las sanciones y observaciones realizadas por la OEA Y LA UNION EUROPEA respecto del proceso fraudulento del 2019.
3.3. Anular la convocatoria a las elecciones y convocar a un nuevo proceso eleccionario donde un comité científico de salud reconocido nacional e internacional, recomiende sin que corra riesgo la salud de los bolivianos.
3.4. Mediante Resolución expresa de sala plena del tribunal supremo electoral, reponer los tribunales electorales departamentales sus competencias autónomas, así como la administración del CERECI y del padrón electoral.
3.5. Destituir de manera inmediata a todos aquellos funcionarios que hubieran trabajado en el proceso electoral fraudulento del 2019, incluyendo aquellos que trabajaron en el exterior.

Cuarto. Exigir al Ministerio Público y al poder judicial presenten un informe actualizado y circunstanciado del estado del proceso por el fraude de las elecciones del 2019.

Quinto. Exigir a la Asamblea Legislativa que se despoje de su conducta partidista y mezquina para atender las necesidades del pueblo con relación a los préstamos y apoyos económicos que se necesitan en el país para atender la pandemia y la reactivación de la economía nacional y de manera puntual dar curso a la aprobación del 10% del presupuesto para la salud. En caso de incumplimiento promoveremos la denuncia penal contra los asambleístas por incumplimiento de sus deberes y atentados contra la salud pública.

Sexto. Instar a todos los partidos políticos con real vocación democrática a priorizar y mantener por encima las diferencias partidarias la unidad en torno a la defensa de la democracia, la libertad y la transparencia del proceso electoral.

Séptimo. Damos un plazo al gobierno central de 48 horas para que de manera inmediata se levanten los bloqueos en todo el departamento, caso contrario el pueblo cruceño en su derecho a la legítima defensa consagrado en las leyes, la CPE y la Declaración de los Derechos Humanos, se autoconvocará a movilizaciones en todas las carreteras del departamento donde se impida la libertad de circulación.

Es dado en el Salón Melchor Pinto Parada a horas. 22:00 del día martes 11 de agosto de dos mil veinte.

Fuente: ABI y Comité Pro Santa Cruz

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