Candidatos con salvoconducto

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Desde mi barbecho

Después de un necesario paréntesis, retomo esta columna periodística en pleno clima de efervescencia electoral. Por momentos, uno quisiera darse un respiro de la coyuntura política y abordar otros temas pero, el proceso de reconquista y reconstrucción de nuestra democracia, hace difícil abstraerse de comentar, opinar o debatir sobre lo que será la historia política después de padecer casi catorce años de un proyecto hegemónico. Si en 1982, se vivió una transición de la dictadura militar al régimen civil y constitucional, en este 2020 enfrentamos a una segunda transición que busca restablecer el Estado de derecho y reconstruir la institucionalidad republicana.

En esta reconstrucción, una de las lamentables evidencias es que las organizaciones políticas bolivianas —salvando algunas excepciones—, son apenas una serie de siglas y personerías jurídicas que se venden al mejor postor. Muy pocos partidos políticos tienen un alcance nacional; cuentan con estructuras organizativas permanentes; o aglutinan militantes en base a un estatuto orgánico, a declaraciones de principios y/o plataformas programáticas.

La mayoría son estructuras residuales de viejas tiendas políticas o existen gracias a sus avezados dirigentes que, después de recolectar firmas, cumplieron los requisitos de ley y tienen un “salvoconducto” —sin arraigo popular ni propuestas innovadoras—, que “alquilan” para participar de procesos electorales a angurrientos candidatos. Estos, sin ningún empacho, se suben a cualquier “taxi-partido” que, como ocurre con ese transporte temporal, les sirve para ir de un lugar a otro.

Existe una reciente ley de organizaciones políticas (2018), promulgada a las apuradas y con otros intereses por el anterior gobierno (elecciones primarias para validar una candidatura ilegal), que debería regular la constitución, el funcionamiento y la democracia interna de estos entes sociales. Sin embargo, la realidad es que nuestro sistema de representación política es todavía frágil, artificial y debe construirse, casi desde la nada.

Es imprescindible formalizar e institucionalizar los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas; transparentar el manejo de sus recursos financieros, que según la norma, tendrían financiamiento mixto: aportes privados y subvención pública; los fondos públicos serían equitativos hasta un porcentaje, y luego, proporcionales al número de votos alcanzados; existen además, regulaciones para evitar que se filtren recursos ilícitos (juegos de azar, narcotráfico y otros) y también fondos de organismos extranjeros que puedan vulnerar la soberanía nacional.

Hay un largo camino por construir, en éste, y en otros temas. Las próximas elecciones serán también un primer tamiz que depurará la precariedad e improvisación de algunas siglas partidarias. Como sociedad, debemos garantizar el pluralismo político y mayor igualdad de condiciones en la competencia electoral. Y ojalá, la famosa frase de un extinto líder político: “…soy dueño hasta de los ceniceros del partido”, sea apenas parte del anecdotario de este país surrealista.