La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investiga la posible vulneración de los derechos y garantías constitucionales en los violentos hechos en Senkata, Sacaba y Yapacaní, entre otros, registrados entre octubre y noviembre de 2019, determinó la ampliación del plazo de trabajo hasta el 16 de octubre próximo para posteriormente presentar el informe conclusivo al pleno del legislativo.

Inicialmente la comisión debía concluir su trabajo esta jornada, sin embargo, por lo complejo de la investigación se solicitó a la ALP la ampliación del plazo para continuar con las entrevistas a autoridades, exautoridades y actores sociales a fin de establecer la verdad material de los hechos.

“Hemos pedido la ampliación del plazo para seguir recabando información y presentar el informe conclusivo. Tenemos bastante material con base en las entrevistas, además estamos pidiendo información escrita a las fiscalías de los departamentos en los que suscitaron los hechos”, señaló la senadora Sonia Chiri, miembro de la comisión.

En el tercer día consecutivo de entrevistas, la comisión tomó la declaración informativa al comandante de División Mecanizada 1 del Ejército ‘Viacha’ – El Alto, Franko Zuarez Gonzales, respecto a los violentos hechos registrados en Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación para sacar un convoy de camiones cisterna con gas, que dejó 10 muertos por impacto de bala, 65 heridos y decenas de aprehendidos.

“La División Mecanizada 1 del Ejército participó apoyando a la Policía para que puedan sacar las cisternas de Senkata (…). En cuanto al empleo del armamento, solamente nosotros utilizamos munición no letal, de fogueo y gas lacrimógeno”, señaló Zuarez a tiempo de responder que desconoce sobre los disparos que provocaron la muerte de diez personas.

Posteriormente, declaró el exfiscal Departamental de La Paz, William Alave, quien informó sobre el accionar del Ministerio Público respecto a la masacre de Senkata. “De manera inmediata la Fiscalía intervino, yo fui al lugar de los hechos para verificar la situación, nos reunimos con la Defensora del Pueblo y constatamos los cuerpos de varias personas muertas por impacto de bala que estaban en una parroquia”, dijo.

Por su parte, el exfiscal Departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, informó sobre los conflictos registrados en el puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la avenida Villazón, en Sacaba, que dejaron como saldo nueve fallecidos y un centenar de heridos, tras las elecciones del 20 de octubre de 2019.

“La preocupación era que ameritaba que a las personas fallecidas se les practique la autopsia médico legal, pero las personas de Huayllani se negaban que fueran trasladados al IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) para la autopsia médico legal. Tenía la información de que había nueve personas fallecidas por impacto de bala”, apuntó.

Por último, declaró el exfiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, quien detalló que las investigaciones que se realizaron sobre los violentos hechos en Yapacaní y Montero.

Este sábado, en su cuarto día de entrevistas, la comisión recibirá la declaración informativa de las víctimas y de los familiares de las personas fallecidas.

Fuente: Cámara de Senadores