El diputado electo por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, anunció este martes que, durante el ejercicio de su mandato, planteará el cambio total de los jueces y fiscales.

«Lo primero que tenemos que hacer es el esfuerzo para cambiar a los operadores de justicia y tener jueces y fiscales verdaderamente independientes, que den una respuesta independiente del color político», afirmó Alarcón.

El legislador manifestó la propuesta luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales a los nuevos diputados y senadores titulares de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Alarcón señaló que la justicia es uno de los temas más importantes de la agenda del país que se debe resolver.

«Nuestro candidato Carlos Mesa indicó claramente que si no cambiamos a todas estas autoridades judiciales y fiscales no habrá paz en Bolivia y no habrá democracia», manifestó el diputado de CC.

La reacción se da luego de que la Justicia determinó, el lunes, anular la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por la denuncia interpuesta en su contra por los delitos de sedición y terrorismo por el caso audio, que data de fines de 2019, en el que se lo escucha instruir al dirigente cocalero Faustino Yucra, cercar las ciudades para que no ingresen alimentos.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino, afirmó que se asumió esa determinación porque el juez indicó que se está vulnerando el derecho a la defensa de Morales, debido a que no se lo citó como manda el procedimiento.

El 6 de julio, la Fiscalía departamental de La Paz emitió la imputación formal en contra de Morales, por el caso audio-terrorismo y solicitó la detención preventiva de la exautoridad.

Por otra parte, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal levantó, el sábado, la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia Héctor Arce, quien tiene una denuncia por la presunta participación en el caso fraude electoral, registrado en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Arce se encuentra asilado en la Embajada de México junto a otras seis exautoridades del gobierno de Morales.

El 4 de diciembre de 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su informe final de la auditoría que develó una «manipulación dolosa» e «irregularidades graves» en la transmisión de datos, que hicieron «imposible» validar los resultados emitidos por las autoridades electorales.