El secretario ejecutivo de los Demócratas, Vladimir Peña, denunció, este domingo, que la anulación de la orden de aprehensión contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, demuestra que el Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa controlando la administración de la justicia.

«Rechazamos de forma categórica la decisión judicial que anula la orden de aprehensión en contra de Quintana, el MAS con esto demuestra que sigue controlando la justicia para sus propios intereses y desgraciadamente para darle impunidad a aquellos que han cometido delitos», indicó Peña, mediante un video publicado en su cuenta de Twitter (@VladimirPenaV).

Quintana está acusado por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y otras contravenciones, y anoche la jueza Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, resolvió dejar sin efecto su orden de aprehensión porque supuestamente se vulneraron sus derechos y hubo errores de procedimiento.

Sin embargo, Peña señaló que el exministro es uno de los personajes «más oscuros y siniestros» del régimen del expresidente Evo Morales y por eso pesan en su contra graves denuncias relacionadas con la vulneración a los derechos humanos, corrupción y porque también habría participado en el presunto fraude electoral, registrado en los comicios del 20 de octubre de 2019.

En ese sentido, el dirigente político afirmó que una de las principales tareas del próximo Legislativo, donde el MAS perdió los dos tercios, será plantear una profunda y urgente reforma de la justicia boliviana para sacar lo antes posible a los «jueces azules».

«Tenemos que acabar con esta justicia azul y poner nuevos jueces probos e independientes, que estén al servicio de la sociedad boliviana y no de un partido político», manifestó.

Quintana es una de las siete exautoridades asiladas desde hace un año en la residencia de la Embajada de México en La Paz.

En noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión en su contra, después de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lo denunció por varios delitos debido a que, antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, dijo públicamente que Bolivia se iba a convertir en un «Vietnam moderno».