El excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia Williams Kaliman está bajo detención domiciliaria por orden de la Fiscalía, que sin embargo ha desestimado la prisión preventiva, en un proceso que investiga su actuación durante la crisis política y social del año pasado en el país.

El coordinador de la Fiscalía en La Paz, Sergio Bustillos, dijo este martes a los medios que esta es una de las medidas cautelares para Kaliman en un proceso aún en fase de investigación, cuya fase preliminar puede durar un máximo de seis meses.

Bustillos indicó que se investiga si el exjefe militar habría incurrido en delitos como incumplimiento de deberes, por lo que se decretaron varias medidas cautelares.

Otras de estas medidas son el arraigo y un seguimiento mediante un sistema biométrico, para estar localizable ante la Justicia, una fianza del equivalente a unos 7.000 dólares y la prohibición de relacionarse con miembros de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía descartó, no obstante, la detención preventiva en una penal de La Paz que pedía el abogado denunciante, Omar Durán, quien en diciembre del año pasado denunció a Kaliman por supuestamente no haber actuado correctamente para que los militares apoyaran a la Policía durante el conflicto de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia.

Williams Kaliman enfrentaría una pena que podría alcanzar los cuatro años de prisión, si fuera condenado en un juicio por esta denuncia en la que se le acusa de no haber actuado a tiempo para haber evitado disturbios en el país, hasta que parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ordenó que los militares apoyaran a la Policía.

Bolivia vivió momentos de caos especialmente entre el 10 y 11 de noviembre del año pasado, con ataques a sedes policiales y domicilios particulares, entre otros, episodios como la quema de la mayor parte de la flota de buses urbanos de La Paz y grupos de civiles en las calles al grito de «guerra civil» en la ciudad de El Alto.

El entonces presidente Evo Morales anunció el día 10 que dejaba el poder forzado por un golpe de Estado y el 12 asumió de forma interina la entonces senadora Jeanine Áñez, después de que los militares salieran a las calles la noche del 11 tras un ultimátum de la Policía que se veía rebasada.