El procurador del Estado, Alberto Javier Morales, destacó el valor que tendrá para los países del hemisferio occidental la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH) sobre el derecho a la reelección sin límite legal.

«Va a ser útil para la experiencia americana, para que en otros países no vuelva a ocurrir y de algo va a servir el sacrificio de mi pueblo», afirmó la autoridad, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.

La autoridad subrayó la importancia de este recurso a pesar de que «llegue tarde para Bolivia», debido a que Evo Morales intentó usar esta figura legal -la de un derecho- para poder postularse para ser reelegido sin respetar la Constitución Política del Estado.

La solicitud de opinión consultiva fue presentada por Colombia en octubre de 2019 para que la Corte IDH interprete la figura de la reelección presidencial indefinida, en la que se apoyaron algunos gobiernos para prorrogarse en el poder.

Para entonces, el expresidente Evo Morales ya había encontrado la vía libre para que las autoridades electorales le permitan postularse a merced de una maniobra jurídica promovida en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la base a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José de Costa Rica).

El artículo 23 de la Convención determina que todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; además de votar y «ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores».

De ese modo, Morales volvió a postularse a las elecciones del 20 de octubre de 2019, que luego fueron anuladas por una decisión del mismo expresidente porque se descubrió que hubo -según una auditoría de la Organización de Estados Americanos- una «manipulación dolosa» del proceso electoral.

Tras el escándalo electoral, Evo Morales renunció al cargo y luego se marchó del país en medio de protestas sociales y movilizaciones violentas.

Y casi un año después, entre el pasado lunes y miércoles, la Corte IDH celebró audiencias públicas sobre la opinión consultiva y se espera un pronunciamiento o una resolución en dos o tres meses.

Pero «ojalá abrevien plazos ante la claridad de las cuestiones debatidas y la contundencia de las respuestas (en la audiencia y) tengamos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el plazo más breve posible», agregó el Procurador.

Mientras, según la autoridad, Bolivia, como Estado, no puede hacer nada más que esperar durante el tiempo que la Corte se tome para emitir una resolución y augurar que se aplique el derecho, la razón, los principios y valores que forman la democracia como un postulado y como un ideal en constante perfeccionamiento.

Sin embargo, «el tema del drama de la justicia nacional e internacional es la mora judicial que no nos permite llegar de manera pronta y oportuna a conocer fallos que no solamente nos sacan de una situación conflictiva, sino que otorgan a futuro seguridad jurídica respecto a temas similares», insistió el Procurador.