Las agresiones a periodistas se tornaron frecuentes en Bolivia durante la convulsión política que vivió el país tras las fallidas elecciones del año pasado y por sectores que rechazan las restricciones impuestas para prevenir la covid-19, según destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En su informe preliminar anual con motivo de su septuagésima sexta asamblea general, que comienza este miércoles, la SIP destacó varios episodios de violencia hacia periodistas en Bolivia, la mayoría en el contexto de distintas manifestaciones de partidarios y detractores al expresidente Evo Morales (2006-2019).

La crispación y tensión social se han mantenido muy altas en Bolivia desde la crisis de noviembre del año pasado, cuando se anularon las últimas elecciones por un presunto fraude electoral en favor de Morales, que había sido elegido para un cuarto mandato consecutivo y se fue del país denunciando un golpe de Estado.

Las manifestaciones de ambos bandos políticos han sido constantes desde ese momento hasta este domingo que, se repitieron los comicios nacionales y auguran un triunfo arrollador al partido de Morales, con el exministro Luis Arce como candidato, quien virtualmete ganó la Presidencia ante la ausencia de Evo Morales, que permanece en Argentina.

GOLPIZAS E INTENTO DE LINCHAMIENTO

El organismo internacional resaltó la golpiza sufrida el 26 de septiembre en la ciudad de Sucre por el reportero Rimar Bejarano, durante un acto de proclamación de los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

También mencionó varias agresiones sufridas por trabajadores de la red de televisión Unitel, como la padecida por el periodista Alberto Sagredo y el camarógrafo Maicol Bustamante el 22 de mayo mientras informaban sobre un bloqueo de una carretera en el municipio de Mairana, a 140 kilómetros de Santa Cruz.

Otro equipo del mismo canal compuesto por un periodista, un camarógrafo y un conductor de la unidad móvil estuvo a punto de ser linchado el 11 de junio por manifestantes que protestaban contra las restricciones impuestas por el Gobierno interino frente a la pandemia de la covid-19.

En la misma manifestación, acontecida en la población de Entre Ríos, a unos 212 kilómetros de Santa Cruz, un corresponsal del diario El Deber fue agredido.

Otro canal que sufrió varios ataques fue la Red Uno de televisión, como el del 5 de junio por la periodista Nayma Rodríguez, quien fue agredida por comerciantes de una feria callejera en la ciudad de El Alto que infringían una disposición sobre prevención sanitaria.

VIOLENTOS DÍAS EN AGOSTO

Un equipo de prensa del mismo canal fue igualmente atacado el 12 de agosto por manifestantes que interrumpían el tránsito de vehículos en la zoba de Santa Fe de Yapacaní, en el municipio de San Carlos.

Ese caso fue solo uno de los distintos episodios de violencia hacia periodistas que se vivieron entre 3 y el 14 de agosto con motivo de distintos bloqueos de carreteras y una huelga contra el aplazamiento de las elecciones.

En ese mismo contexto, en la ciudad de Mairana, una turba agredió y robó el 5 de agosto los equipos al fotoperiodista David Sapiencia.

Días antes, el 29 de julio, cuatro periodistas fueron agredidos durante una marcha organizada por organizaciones consideradas afines al partido de Morales en El Alto, la ciudad contigua a La Paz.

Por último, la SIP también mencionó el caso de Juan José Toro, quien recientemente, el 7 de octubre, fue atacado por un grupo de cooperativistas mineros en Potosí a los que había denunciado por extraer plata de manera ilícita en el yacimiento del Cerro Rico.

El atentado ocurrió mientras daba cobertura a la visita de una comisión para verificar las denuncias sobre operaciones prohibidas de extracción de minerales en la zona.

SOSPECHAS EN COMPRA DE DIARIOS

Asimismo, la SIP señaló que «existe preocupación por que los diarios La Razón y Extra habrían sido adquiridos con créditos venezolanos al estado boliviano, a través del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple», vigente durante el mandato de Morales.

La Razón y Extra explicaron que la operación de compra se concretó mediante un intercambio de acciones privadas, sin entrega de dinero de por medio, y calificaron la información como una tergiversación de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Ministerio de Economía para desprestigiarlos.