Han pasado más de dos semanas desde que se levantaron los bloqueos de carreteras y hasta ahora ningún dirigente relevante ha sido llamado a declarar ante el Ministerio Público, y, menos aún, detenido. Apurado por la crítica, el fiscal del Estado, Juan Lanchipa, sobre quien pesan acusaciones reiteradas de presuntos nexos con el MAS, apenas atinó a grabar en un video un mensaje corto en el que confirmó que existen 33 denuncias sobre diversos delitos que se habrían cometido durante el cierre de carreteras.

Después de la publicitada “segunda pacificación”, que no es más que una tregua hasta el 18 de octubre, si es que no se consolida hasta antes de la votación un verdadero acuerdo nacional de respeto a los resultados electorales, no hubo ninguna acción contundente de la justicia que despierte algo de confianza en la poca institucionalidad que queda. Entidades médicas, sectores productivos y organizaciones cívicas y/o ciudadanas que han denunciado formalmente a los que atentaron contra la vida y la salud parecen obligadas a resignarse a que la justicia tolerará lo intolerable y que, en cambio, pueden terminar como las palomas contra las escopetas: de demandantes a demandados.

Las señales dadas hasta ahora por la Fiscalía son pésimas. El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, y los dirigentes cocaleros Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, que son mencionados como los principales promotores de los bloqueos, no sólo que se mantienen en sus actividades cotidianas, sino que incluso alguno de ellos encuentra en los medios de comunicación espacios para desafiar a que lo detengan.

Lo hacen incentivados por contradictorias declaraciones y confiados en que tienen de su lado a fiscales y jueces que responden al gobierno anterior. El comando de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha señalado que esperan del Ministerio Público las órdenes de aprehensión o las citaciones para actuar como establece la ley. Desde el Gobierno algunos funcionarios aseguran que las resoluciones ya salieron, pero en la Fiscalía nadie confirma oficialmente ninguna acción.

En cambio se ha concretizado la citación a declarar del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que fue el primero en sentarse la semana pasada ante un fiscal por una acusación de racismo cuando calificó de “bestias” a los que impulsaron los bloqueos. La celeridad y rapidez de esta citación confirmó que el Ministerio Público de Santa Cruz actúa con una velocidad excepcional en ciertos casos y situaciones. El resultado de este comportamiento es un descrédito total de la Fiscalía.

Las semanas pasadas han sido desalentadoras por el desempeño de algunos fiscales y jueces. Son sonados los casos de exfuncionarios o colaboradores del anterior gobierno que han sido favorecidos por fallos que los sacaron de las cárceles donde cayeron en estos últimos meses, pese a que sobre ellos pesan graves acusaciones. Han ido saliendo de las celdas uno tras otro y nadie lo ha impedido, en medio del desconcierto y la impotencia ciudadana.

Nada ha cambiado. Al contrario, parece haber resurgido una arremetida de la impunidad, en un momento en el que Bolivia es gobernada por dos cabezas, la del Ejecutivo y la del Legislativo, ninguna de ellas con suficiente legitimidad hasta que se conformen un gobierno y una Asamblea nacidas del voto. En medio de ese vacío se desempeña la justicia, igual o peor de cuestionada que los otros poderes. La fase posterior al grave conflicto de agosto pudo ser una oportunidad de reivindicación de fiscales, jueces y defensores de los derechos humanos o de la sociedad. Sin embargo, el resultado es patético. Tenemos instituciones enfermas, que al parecer esperan la aparición o el retorno de un caudillo para ofrecerle obediencia.

No obstante, en cualquier momento la bronca ciudadana puede volver a estallar para remover estas estructuras. De hecho, ya hay movilizaciones que han comenzado a exigir la “liberación de una justicia” que no levanta cabeza.