La lucha por la devolución de fondos de pensiones mantiene a un grupo de activistas acampado junto a las sedes del Gobierno y el Parlamento bolivianos en La Paz, en espera de una respuesta para recuperar un dinero que una parte de la sociedad demanda tras quedar sin trabajo y pasar incluso hambre.

«En Bolivia se está pasando hambre, por falta de trabajo, sin dinero, sin comida», grita uno de ellos en la plazoleta en que instalaron su campamento justo detrás de la Asamblea Legislativa y bien cerca también del palacio de Gobierno de Bolivia.

«No es política, es por la vida de las familias bolivianas», «Devolución de aportes», rezan algunas de las pancartas instaladas en el campamento en la explanada frente la iglesia de La Merced.

Uno de ellos se amarra en una cruz en la plaza, un gesto de protesta típico de movilizaciones en Bolivia, rodeado de banderas de regiones del país, junto a una carpa donde hacen una olla común para compartir comida y carteles que ridiculizan al ministro interino de Economía, Óscar Ortiz, y al empresario y político Samuel Doria Medina.

Los acampados acusan al Gobierno interino del país de haber usado fondos de pensiones para pagar ayudas sociales, mientras a ellos les niega la devolución aunque sea de una parte de lo que entregaron como trabajadores, y culpan a empresarios como Doria Medina de haberse enriquecido con estos pagos mientras ellos ahora están sin empleo.

Esas ayudas por la crisis en el país a raíz de la pandemia de la COVID-19 «no duran ni dos días», asegura a Efe uno de ellos, Benito Justiniano, que desde hace más de una semana permanece en la «vigilia» ante los poderes Legislativo y Ejecutivo.

«No es justo», lamenta, que las autoridades no respondan sus demandas sobre un dinero que repiten que es suyo, ni del Estado ni de fondos de prensiones privados.

Justiniano recuerda que en un país vecino como Chile se autorizó la devolución del 10 por ciento de estos fondos y en otro como Perú está en debate en el Parlamento alguna solución.

Pero en Bolivia la «tozudez» del ministro transitorio de Economía les tiene desde hace tiempo sin ver una salida, critica.

EL PARLAMENTO ESTUDIA POSIBLES SOLUCIONES

La Asamblea Legislativa de Bolivia ha recibido al menos ocho proyectos de ley para regular una posible devolución de estos aportes, que tendrían que plasmarse en un texto de consenso, según la diputada Otilia Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría parlamentaria.

La diputada forma parte de una comisión que estudia estos proyectos y asegura que desde el Ejecutivo transitorio advierten de que «es inviable» la devolución, pues conllevaría un déficit financiero al Estado.

Pero a la vez afirma que la disposición en el Parlamento es a que no se pierda la esperanza de «ayudar a la población», con alguna medida de las planteadas en esos proyectos.

Uno de ellos surge del MAS y busca inyectar unos 1.200 millones de dólares a la demanda interna de Bolivia mediante el rescate de aportes, una medida que sigue pasos que aplicó Chile ante los efectos de la pandemia.

La idea beneficiaría directamente a aquellos que aportaron hasta unos 14.367 dólares al fondo de su jubilación, con la posibilidad de retirar el 10 por ciento mediante dos retiros en el espacio de tres meses de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El dinero en el sistema de pensiones boliviano supera los 18.795 millones de dólares, de los que el 65 por ciento equivale a aportes a la Seguridad Social, según esta propuesta.

En los primeros seis meses de este año la economía boliviana experimentó una caída de casi el 8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el desempleo alcanzó el 11,8 en julio, cuando al término de 2019 fue del 4,8 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística, que atribuye esta crisis a efectos de más de cinco meses de cuarentena en el país.