La Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó, este martes, su informe de auditoría que detectó una «manipulación dolosa» e «irregularidades graves» en la transmisión de resultados en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, por lo que no pudo avalar los resultados de esos comicios.

«Por supuesto que ratificamos en todos sus términos lo que hemos establecido, tanto en el informe de la misión de observación y en los informes de auditoría que se dieron, en materia de integralidad democrática, y por supuesto las recomendaciones que hemos hecho llegar a las autoridades competentes», afirmó el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero.

El representante de la OEA recordó que el informe final de la auditoría fue presentado por una solicitud del entonces Gobierno de Evo Morales, que fue plasmado en un acuerdo firmado entre ambos, el 30 de octubre de 2019, para realizar un análisis de integridad electoral.

El 22 de octubre del año pasado, la administración de Morales solicitó al secretario General de la OEA, Luis Almagro, que efectúe una auditoría electoral al cómputo oficial de los votos de los comicios de 2019, que fue aceptada por el representante ese mismo día.

Luego, el 4 de diciembre, la OEA presentó su informe final de la auditoría que develó que hubo una «manipulación dolosa» e «irregularidades graves» en la transmisión de datos, que hicieron «imposible» validar los resultados emitidos por las autoridades electorales.

Al respecto, Guerrero aseguró que la organización ha sido «clara y contundente» en su informe de auditoría sobre los comicios de 2019 y que corresponde al país asumir las decisiones legales y políticas sobre las irregularidades identificadas en la votación.

«La OEA habla a través de sus informes y ha sido clara y contundente, ha externado su punto de vista y lo ha comunicado a las autoridades correspondientes y ahora corresponde a los bolivianos (asumir) las decisiones tanto legales como políticas, hacia adelante», afirmó el representante.

La postura surge luego de que legisladores, candidatos y sectores sociales afines al MAS intentan poner en duda el informe de la OEA, que señala que hubo una manipulación dolosa de las elecciones del año pasado, y cuestionan la credibilidad de la misión de observación de ese organismo.

El informe comprueba que la manipulación dolosa de los comicios de 2019 se produjo en dos aspectos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas.

En segundo lugar, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas.

A ello se suman irregularidades graves, como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. Además, el informe da cuenta de un significativo número de errores e indicios.

Asimismo, la auditoría develó la parcialidad de las entonces autoridades electorales, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, pero permitieron que se desvíe el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda la confianza en el proceso electoral.

«Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas, encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas», establece la conclusión del informe.

El 8 de octubre, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseguró que el informe de la OEA es solo una parte del «mar de irregularidades» registradas en esa oportunidad, porque se les ocultó información del TSE.

Antes del informe final, el 10 de noviembre la OEA presentó una auditoría preliminar que dio cuenta de «irregularidades» en los resultados de la votación de los comicios de 2019 y recomendó que Bolivia celebre otras elecciones.

La sugerencia de la OEA se dio en medio de las protestas sociales, realizadas desde el 22 de octubre de 2019, en demanda de la renuncia de Morales, tras las denuncias de fraude electoral en los pasados comicios.

Tras ese informe y aún siendo presidente, Morales convocó a nuevas elecciones, y anunció la renovación de las autoridades electorales; no obstante, poco después dimitió al cargo y se fue del país.

De este modo, todos los vocales del TSE fueron destituidos por un pedido público, expresado por el propio Morales.