El nuevo comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, informó que se cumplirá con la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía contra los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, que son investigados por la compra, posiblemente irregular, de gases lacrimógenos.

«En el marco de sus competencias y ámbito de la persecución penal, la Policía cumplirá con esas resoluciones emitidas por el Ministerio Público el 5 de noviembre contra las exautoridades», precisó Aguilera en contacto con los periodistas.

La Fiscalía emitió, en esa fecha, una «alerta migratoria» contra Murillo y López que dirigieron los ministerios de Gobierno y Defensa, así como una orden de aprehensión ante una denuncia planteada por legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Aguilera indicó que la Policía, a través de sus unidades especializadas, recabará datos sobre el flujo migratorio de ambos exministros, investigados por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros tipos penales.

Para la ubicación de estas personas, Aguilera manifestó que existen varios canales, entre esos Interpol, para el intercambio y la acumulación de la información necesaria.

De acuerdo con la denuncia, el Estado pudo pagar 5,6 millones de dólares por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, luego que decidió suspender una compra directa con la empresa brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019.

Según la querella, Bolivia pagó 270 bolivianos por cada proyectil lacrimógeno de larga distancia y 250 bolivianos por proyectiles «de triple acción». En cada caso demandó la dotación de 50.000 unidades. En ese marco, se investiga un eventual sobreprecio y otras irregularidades derivadas el cambio de proveedor.