El gobierno de Jeanine Añez ha apelado a la retórica electoral para adjudicarse el mérito de la tregua alcanzada por el país, que ha dado una vez más un paso atrás para no saltar al precipicio. Un día después de cumplir nueve meses en el poder, la Presidenta promulgó la cuarta ley de convocatoria, fingiendo el mismo entusiasmo de noviembre pasado, a sabiendas de que su situación ha cambiado.

Basta comparar la foto de aquel mes con la del jueves pasado para encontrar notorias diferencias. En la llamada “primera pacificación” teníamos a una Presidenta que no era candidata y que consiguió en pocos días sentarse a dialogar en la misma mesa con casi los mismos protagonistas de la grave convulsión de noviembre. Decenas de dirigentes de los llamados movimientos sociales acudieron en ese momento al histórico reencuentro auspiciado por la mandataria, la misma tarde en la que frente a Palacio los legisladores acordaban aprobar la ley de convocatoria a elecciones, con el auspicio de los facilitadores del diálogo, que son casi los mismos que han impulsado ahora el desarme.

En la foto de la “primera pacificación” aparecieron juntas las presidentas del Poder Ejecutivo y del Legislativo, en un gesto de reconciliación que Bolivia saludó. Los mismos facilitadores de la Iglesia y de los organismos internacionales que testificaron la promulgación de la cuarta ley de elecciones han aparecido en la nueva foto de la “segunda pacificación”, esta vez con grandes protagonistas ausentes y con un mensaje electoralista de la Presidenta, ahora candidata.

Cuánto quisiéramos los bolivianos creer que los líderes nos han dado realmente una “pacificación” duradera y auténtica. En realidad, lo que ha ocurrido no es más que una tregua momentánea y un repliegue de los belicosos dirigentes de las organizaciones sociales cercanas al MAS, obligados por los elevados costos electorales que puede provocar el monumental desacierto de bloquear a los bolivianos en plena pandemia. En plena retirada del conflicto, los principales perdedores de esta costosa pulseada han dejado clara su intención de volver al combate callejero el 18 de octubre si no se cumplen sus aspiraciones.

Hábilmente, tanto el gobierno como el expresidente Evo Morales han buscado adjudicarse el mérito de la nueva pacificación, cuando son dos de los protagonistas más desportillados en el combate. Al primero sus potenciales electores le reclaman su ineficacia en los bloqueos. Al segundo, otros votantes le reprochan el doble discurso de alentar el desmadre pero, al mismo tiempo, la paz. La derrota ha impulsado también reclamos de los dirigentes del llamado Pacto de Unidad a sus representantes masistas en las negociaciones.

En el recuento de los cuantiosos daños del conflicto no hay ganadores. La batalla ha servido únicamente para sellar la fecha de la elección mediante una ley y devolverle al TSE el reconocimiento de su rol como poder. Como era previsible, el desenlace ha provocado aceptación, pero también un fuerte rechazo. Es natural, considerando el desgaste y la poca legitimidad de los tres principales poderes que han protagonizado el entendimiento para salvar la votación.

El Poder Electoral, el Ejecutivo y el Legislativo finalmente entendieron que alargar sus desencuentros no conducía a otro escenario que el desastre. La solución se ha encaminado por el conducto en el que debió transitar siempre, el de la frágil institucionalidad que todavía queda. El siguiente reto es el inicio de su compleja reconstrucción.

Aunque quedan rebrotes del conflicto, el TSE debe enfocarse ahora en su rol del que no debió nunca desviarse: organizar y administrar una votación segura y transparente. No es su tarea negociar con los partidos y organizaciones descontentas con el desenlace. Esto no le priva de informar, aclarar, explicar y resolver las dudas sobre el proceso electoral. De su lado, a la justicia le toca el turno de sancionar a los violentos, para que no quede la sensación de que en Bolivia siempre se perdona o se transa.