Representantes de plataformas ciudadanas de Sucre se declararon el martes en estado de emergencia y piden la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por la acción de libertad que interpuso en la ciudad del El Alto para liberarse por segunda vez de denuncias en su contra y denuncian manipulación de la justicia a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS) en su gestión.

«Ante la flagrante manipulación de la justicia, estamos exigiendo la renuncia de Juan Lanchipa (Fiscal General del Estado) por incumplimiento de deberes y por la manipulación de investigaciones de hechos de corrupción que no se han investigado de forma inmediata, ni eficiente como es el caso del Fraude Electoral, los bloqueos en pandemia, el caso terrorismo o el caso de pedofilia que involucra a Evo Morales, entre otros», informó el líder de la plataforma ciudadana Jóvenes Patriotas-Cascos amarillos, Juan Carlos Sandoval.

Las aproximadamente 13 plataformas ciudadanas congregadas en la ciudad de Sucre también se manifestaron en contra de otras acciones de la justicia en Bolivia como la que considerará en las próximas horas, la habilitación de la candidatura a senador de Evo Morales.

Informó que cada día realizan plantones frente a la Fiscalía General del Estado para exigir la renuncia de la primera autoridad de esa entidad, con el objetivo de recuperar la independencia del Ministerio Público.

Por su parte, el representante de la plataforma ‘Renacer’, Jamil Pillco, pidió a la población mantenerse en vigilia y expresó su indignación porque Juan Lanchipa haya eludido por segunda vez una demanda en su contra y además se haya declarado perseguido político.

«Las plataformas ciudadanas nos declaramos en emergencia desde hoy (martes) y pedimos a la población mantenerse en constante de vigilia ante la prostitución de la justicia donde el fiscal, Juan Lanchipa, evade nuevamente investigaciones en su contra y tiene el descaro de declararse perseguido político siendo cabeza del Ministerio Público», manifestó.

Pillco recordó que él fue un auténtico perseguido político a lo largo de 12 años en los que tuvo que defenderse del anterior Gobierno en procesos presentados «con pruebas amañadas» en el denominado caso ’24 de Mayo’.

El activista, Gino Urey, cuestionó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) «se ha vuelto una congeladora de casos» y una institución incapaz de darle certidumbre al pueblo boliviano, porque tienen paralizados varios recursos presentados contra el MAS, como la inhabilitación de ese partido político en las elecciones nacionales.

«El TCP es parte del andamiaje jurídico que está al servicio del MAS, incluida la Fiscalía y los estrados judiciales. En este punto no son importantes las elecciones, sino la renovación integral de la justicia para lo cual necesitamos el acompañamiento de la población», complementó.