En medio de una frágil situación política y social, el nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, nombró un Ejecutivo abiertamente orientado a cumplir sus promesas de estabilidad, esperanza y justicia para la violenta represión de las movilizaciones ciudadanas que costaron la vida a dos jóvenes.

La tensión que dominó la vida del país suramericano durante la última semana comienza a difuminarse, impulsada por los pasos conciliadores del mandatario, que refrendó con la elección de su gabinete la sensibilidad para atender los pedidos de la ciudadanía para la que ostensiblemente fue elegido.

Frente al gabinete de su predecesor, Manuel Merino, quien dimitió el domingo bajo la presión de la movilización ciudadana, Sagasti sí ha parecido capaz de convocar un Ejecutivo de expertos diverso y con holgura suficiente como para satisfacer las presiones de la calle, el mundo económico, el deseo de justicia y la juventud que ha sido protagonista excluyente de la resistencia contra los abusos de la vieja clase política peruana.

PRIMERA MINISTRA FEMINISTA

Significativo fue así el nombramiento de Violeta Bermúdez, una abogada feminista, con experiencia de Gobierno y especializada en temas de gobernabilidad y derechos humanos como nueva primera ministra de Perú.

Bermúdez, ampliamente respetada en el país, es una firme defensora de las políticas de igualdad y una opción evidentemente sensible para la juventud movilizada, en la que la presencia femenina está siendo extraordinariamente relevante.

Como paradoja, el Gabinete que dirigirá Bermúdez no es paritario no es paritario y quedó formado por ocho mujeres y diez hombres.

Sin embargo, la presencia femenina quedó reforzada por el alto rango de los ministerios que ocupan: son mujeres la primera ministra, la ministra de Exteriores, Esther Astete y la ministra de Defensa, Nuria Esparch, los tres primeros cargos en orden de precedencia del Gobierno.

Esparch es la primera mujer en la historia en ocupar la cartera de Defensa en Perú.

La nómina de funcionarios contrasta en fondo y forma con la que Manuel Merino intentó gobernar entre el 9 y el 15 de noviembre, un gabinete liderado por el conservador Ántero Flores-Aráoz, que convocó a un grupo de marcada tendencia derechista, conservador e integrista cristiano.

POLOS OPUESTOS

La selección de Sagasti ofreció además guiños a otros muchos sectores conforme con el criterio de pluralidad ideológica que había prometido durante su discurso de asunción.

El gabinete de transición, que gobernará tan sólo hasta el 28 de julio de 2021 y cuya principal misión será garantizar las elecciones generales de abril, combatir la covid-19 y relanzar la maltrecha economía, incluye tanto abogados de la prudencia fiscal y el control del gasto público como defensores del medio ambiente, pasando por técnicos especialistas, intelectuales e investigadores.

Sagasti también rescató para su ejecutivo a ministros del gabinete de Martín Vizcarra cesados el pasado día 9, entre ellos la destacada figura de Pilar Mazzetti, que recuperó las riendas del Ministerio de Salud, crucial en la lucha contra la covid-19.

VÍCTIMAS Y LA JUSTICIA

Otro guiño social y para atender la preocupación de la calle se dio en el Ministerio de Justicia, que ocupó Eduardo Vega, ex defensor del pueblo y un reconocido defensor de los derechos humanos, que tendrá que gestionar la investigación de la represión a las marchas que dejó dos muertos, Inti Sotelo y Jack Parejo, y decenas de heridos.

La población exige en las calles, y Sagasti prometió durante su toma de posesión que no habrá impunidad, algo que Vargas parece que impulsará.

Precisamente en esta jornada los familiares de las víctimas y sus abogados reclamaron que el perdón que Sagasti ofreció en su asunción no es suficiente y que hacen falta ahora actos concretos.

También insistieron, durante una rueda de prensa, que perseguirán a los autores de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante esta última semana ante los tribunales de Justicia.

Particularmente, como indicó a Efe el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo, buscarán que la fiscalía investigue hasta encontrar «las órdenes que se dieron para actuar de esta manera».

«En este momento, los responsables directos no tienen ningún tipo de apremio legal, entonces pueden estar ocultando pruebas», indicó el abogado, para instar a la investigación y evitar que se manipulen las pruebas.

En tanto, el abogado de la familia de Inti Sotelo, Walter Matos, dijo que «la Fiscalía está colaborando (en la investigación). Esperemos que la Policía Nacional también haga lo mismo», dado que «estamos denunciando un homicidio y queremos probar el ensañamiento contra Inti», quien falleció por cuatro proyectiles en el tórax.

Por primera vez en décadas no habrá ningún ex general del Ejercito o la policía sentado en el gabinete de ministros.

GASTO PÚBLICO

Al frente de los ministerios económicos, Sagasti colocó a reconocidos ortodoxos como Waldo Mendoza, que asumió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Un funcionario con experiencia de gobierno, profesor de economía y garantía de estabilidad.

También convocó a un joven académico peruano radicado en México, Jose Luis Chicoma, para dirigir el Ministerio de la Producción.

Chicona juró su cargo por teleconferencia desde Ciudad de México, donde dirige un centro de estudios y análisis sobre ciencia, desarrollo e innovación, un tema que el presidente consideró central para su Gobierno.

En el Ministerio de Comercio Exterior colocó a Claudia Cornejo, otra figura liberal y la única del Gobierno con vinculación política al partido del presidente, el Partido Morado.

Libre comercio, innovación y estabilidad, un paso dado para calmar a los inversionistas, relanzar la economía peruana y seducir a los jóvenes de la «generación del bicentenario» que hicieron de la tecnología el arma de su resistencia ante Merino.

SENSIBILIDADES

Sagasti también encontró aparentemente ministros que responden a las demandas ciudadanas, como Ricardo Cuenca, psicólogo y educador que dirige el Instituto de Estudios Peruanos, y un defensor de la reforma educativa, que ocupó la cartera de Educación.

Eso garantiza la protección de la Superintendencia Nacional de la Educación Superior (Sunedu), el organismo que vela por la exigencia de la calidad universitaria y que era un objetivo de los grupos políticos que auparon a Merino al poder.

Ahora parece que la Sunedu quedó blindada.

En Salud, otra de las cuestiones claves para el Ejecutivo, regresó la ministra Pilar Mazzetti, uno de las ministras claves de Martín Vizcarra.