23 septiembre, 2020

Sobre la abrogación del DS 3973

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Aunque haya debate sobre el impacto exacto del Decreto Supremo 3973 en los incendios forestales de 2019, es innegable que jugó un rol decisivo en los mismos debido a los datos de incremento de fuego en áreas boscosas posterior a su promulgación. Es por eso que la abrogación de este decreto fue un pedido del Cabildo de 2019 y una demanda constante en nuestras protestas, incluso en pandemia. Tal abrogación debió haber llegado antes de que estemos, una vez más, apagando incendios este año.

El anuncio de la presidenta Añez de la abrogación de esta norma llega en un momento en que el cálculo electoral se nota. El Estado debió haber prevenido el fuego con todos los recursos posibles y en el menor tiempo posible.

El pasado domingo, desde la página de Ríos de Pie, dimos la voz de alerta sobre los incendios alrededor del parque Noel Kempff Mercado. Este no es el primer incendio que reportamos este año. En anteriores meses avisamos sobre incendios en las zonas de Otuquis, San Matías y Charagua, entre otras zonas.

Mientras convocamos a la acción para mitigar el fuego continuamos exigiendo el cambio de las leyes que permiten los incendios, empezando por la abrogación del Decreto Supremo 3973. El trabajo de voluntarios y de bomberos se complica este año debido a la pandemia y nuestros recursos y donaciones no abastecen para hacerles las pruebas de Covid correspondientes.

Dada la precariedad del asunto, era necesaria acción rápida a nivel de los poderes Legislativo y Ejecutivo para evitar arriesgar vidas de más personas apagando incendios. Las respuestas no llegaron, y en los últimos días vimos arder de nuevo más de 300 mil hectáreas. El sentimiento de tropezar de nuevo con la misma piedra es inevitable.

La abrogación del Decreto Supremo 3973, anunciada por la presidenta Añez, es un avance pero no resuelve las crisis de incendios, dado que hay un conjunto de normativas que nos llevaron a la catástrofe de 2019. Entre ellas está la Ley 1171 que regula el uso de quemas, estableciendo una insultante multa menor a 20 bolivianos por hectárea quemada… ¿Qué tipo de elemento punitivo es ese a incendios que terminan con vidas de nuestros bomberos, flora y fauna?

Mientras que el cambio a la Ley 1171 es un proceso más largo, debido a las instancias que implica, la abrogación del 3973 requiere menos procesos en comparación y debió llevarse a cabo antes de que empiece nuevamente la época de incendios. De igual forma, asombra el silencio de casi todos los actuales candidatos sobre la abrogación de leyes incendiarias.

¿Dónde están los líderes de comités cívicos, candidatos a Presidencia y los activistas que pasaron a ocupar cargos en el gobierno? ¿Por qué tanto olvido y silencio sobre un pedido que fue fuerte y claro en los cabildos del año pasado, de los cuales ellos fueron parte? La integridad no se maquilla, se debe ejercer con consistencia siendo constante sobre los temas que uno trabaja. Sino, el oportunismo se nota y le hace daño al país.

Finalmente, creo que es importante reconocer que hoy no se hablaría ni siquiera de la posibilidad de abrogación si no fuera por grupos ambientalistas, bomberos y ciudadanía que continuamos exigiendo este cambio. Los bomberos que tienen la valentía de exigir el cambio de estas leyes, mientras al mismo tiempo saben que su seguridad depende del poco apoyo del Estado, son verdaderos héroes.

El activismo por el medioambiente en Bolivia puede ser desalentador, pero debemos reconocer también estos pequeños avances que se deben enteramente a la presión ciudadana. Puede que el interés de apagar incendios hoy sea meramente electoral, pero es innegable que el tema ambiental ya está aterrizando de forma fuerte en la consciencia de la juventud boliviana. Ese es un cambio irreversible y que durará más que cualquier campaña política. Quienes desean ser líderes políticos en Bolivia deben ir asumiendo la defensa del medioambiente también, porque si no están remando contra la marea.

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