Nuestros bosques se incendian de nuevo. En los últimos días grupos ambientalistas hemos recibido información de incendios en las áreas protegidas de Otuquis en Puerto Suárez, San Matías en Santa Cruz, Tunari en Cochabamba y Madidi en La Paz, entre otros. En consecuencia, tal como el año pasado, estamos pidiendo respuestas. El 2 de agosto, seis fundaciones de bomberos y siete organizaciones de la sociedad civil hicieron un manifiesto exigiendo respuestas más rápidas del gobierno central y abrogación de las leyes incendiarias. Este pasado fin de semana, varios colectivos ambientalistas hicieron tomas simbólicas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Este lunes 3 de agosto activistas de Ríos de Pie protestamos con un funeral simbólico durante el acto de presentación de Plan de Recuperación de Zonas Afectadas. ¿Por qué el gobierno de Añez no abroga el DS 3973?

Este domingo tuve el gusto de dar una entrevista para Tuffi Aré sobre el tema, durante la cual también participó la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert. Durante la entrevista cuestioné los planes de recuperación de la Chiquitania que el Gobierno presentó dado que las leyes que autorizan las quemas siguen vigentes. La ministra indicó que la abrogación del DS 3973 no depende de su autoridad, ni de la Presidencia, y le pasó la responsabilidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En la entrevista la ministra Pinckert habló sobre una acción de inconstitucionalidad sobre el DS 3973 ingresada el año pasado, y añadió: “Estamos esperando los resultados del Tribunal Constitucional para hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos instruya y nos mande el Tribunal Constitucional. Por eso no hemos activado otras instancias”. Sin embargo, esta no es la única vía.

El Tribunal Constitucional Plurinacional sí tiene la atribución privativa de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que se somete a su criterio, y ninguna otra autoridad puede hacer su trabajo. Eso es cierto. Pero también es cierto que el mismo Ejecutivo, que es la fuente de origen del decreto supremo, puede, por su propia decisión, dejarlo sin efecto mediante otro decreto supremo. El gobierno de Jeanine Añez podría abrogar el DS 3973 tan rápido como quisiera. El mismo emisor puede retirar la norma sin esperar la opinión del Tribunal Constitucional Plurinacional, y sin que eso suponga una obstrucción a las funciones del mismo. Son dos vías diferentes y ambas son válidas.

Ahora, la acción de inconstitucionalidad mencionada por la ministra Pinckert fue presentada por los diputados Horacio Poppe, Grover Huanca y Gina Tórrez en septiembre del año pasado, y sigue sin respuesta. Cuando se presentó la acción de inconstitucionalidad, que fue admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la presidencia tenía 15 días para responder. Luego de esto el Tribunal tenía 30 días para emitir una sentencia. 30 días, y ya vamos 11 meses sin respuesta. Teniendo una pandemia encima que afecta las vías respiratorias y también incendios que ya empezaron, ¿cómo es posible que el Gobierno no note la urgencia de abrogar este decreto, sobre todo por la vía más rápida? ¿Es posible ser tan ciego?

El Gobierno tiene que dejar de lavarse las manos sobre las leyes incendiarias alegando obstáculos burocráticos cuando no existieron tales para avanzar sobre otros decretos, como el de los transgénicos. Puede ser fácil para la ministra Pinckert quitarse responsabilidad y decir que esperan respuestas del Tribunal Constitucional cuando ya han pasado 11 meses sin respuesta, como si 11 meses fueran poca cosa y no son culpa suya. Pero quisiera invitarla a que esté en nuestras protestas con el hermano de uno de los bomberos fallecidos al lado, gritando mientras alza su fotografía en alto: “Ya van 11 meses desde que perdí a mi hermano”.