La Asamblea Legislativa determinó la noche de este jueves sugerir un juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Jeanine Áñez y 11 de sus ministros, por los hechos luctuosos de Senkata, Sacaba y Yapacaní. La decisión sobre este proceso será definida por la siguiente legislatura.

La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), dijo que la comisión mixta especial que investigó estos hechos sugirió, a través de un informe, el inicio de un juicio de responsabilidades, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.

«La comisión ha sugerido, ha recomendado poder realizar un juicio de responsabilidades a la primera mandataria, a la señora Jeanine Áñez (…). De igual manera, se dejará el informe para que la próxima legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no», explicó Copa en contacto con los medios de comunicación.

Explicó que para determinar un juicio de responsabilidades, se requiere el apoyo de dos tercios del pleno del Legislativo para proceder a este acto, en función a la Ley 044 para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente.

Añadió que ese informe también deberá ser remitido a la Fiscalía, Contraloría y la Procuraduría General del Estado para iniciar las respectivas acciones penales y auditorías, en el marco de la defensa legal del Estado.

Horas antes, a fin de frenar la decisión del MAS, el Gobierno interpuso una acción de libertad, a través del ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, en rechazo al informe de la comisión especial que investigó los hechos de Senkata, Sacaba y Yapacaní.

Este jueves, el recurso fue admitido por el Juzgado de Sentencia en lo Penal Tercero del Beni y determinó suspender de forma temporal el tratamiento de ese informe en el Legislativo.

No obstante, horas más tarde, la entidad judicial resolvió rechazar ese recurso y la Asamblea reanudó la sesión para tratar el informe de la comisión que investigó el caso.

El documento recomienda iniciar un juicio de responsabilidades en contra de Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

Además, sugiere un juicio ordinario para Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia).

Esa nómina también está integrada por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) por la firma del decreto 4078 y las muertes que se registraron en Sacaba (Cochabamba), Senkata (La Paz) y Yapacaní (Santa Cruz).

Esos hechos ocurrieron en 2019, durante los conflictos post-electorales que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en noviembre de 2019, cuando se reportaron al menos 36 muertes.

Asimismo, el informe recomienda juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares.

Además, se sugiere un similar proceso contra el excomandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, y al comandante de las FFAA, Sergio Orellana.

También recomienda la destitución de la fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, por no dar celeridad a las investigaciones de los hechos de Betanzos, además que insta al Tribunal Supremo de Justicia dar celeridad a los plazos de las medidas cautelares, toda vez que transcurrió más de un año y muchas personas continúan con detención preventiva y domiciliaria.