24 de septiembre de 2020

Tribunal anula la resolución de clausura del año escolar

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La Justicia boliviana anuló el cierre anticipado del curso escolar decidido por el Gobierno interino, al que le dio diez días para que “por todos los medios” garantice el derecho a la educación de los escolares.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz acordó este miércoles dejar sin efecto una resolución del pasado 31 de julio por la que el Ministerio de Educación clausuró el curso escolar, que habitualmente se prolonga al menos hasta noviembre, por la pandemia de la COVID-19.

El tribunal explicó en un comunicado que su decisión responde a una acción popular presentada en contra del Ministerio por la diputada Lidia Patty, del Movimiento al Socialismo (MAS).

La acción popular es un mecanismo previsto en la Constitución boliviana para denunciar posibles violaciones de derechos e intereses colectivos, que puede presentar cualquier ciudadano o entidad.

La Justicia da un máximo de diez días para que el Estado “provea una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de los ciudadanos en edad escolar”.

Para ello, recomienda que tenga en cuenta a “todos los actores de la educación nacional, colegios privados y públicos, magisterio urbano, magisterio rural y padres de familia”.

La acción popular fue presentada el pasado 11 de agosto para reclamar que una vez que pase la pandemia, el Ministerio reabra los establecimientos educativos, dando alternativas para que cerca dos millones de estudiantes puedan pasar las clases pendientes.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia saludó la decisión, que afecta a los niveles inicial, primario y secundario, para los que el Ministerio había establecido la promoción de curso sin reprobaciones, mientras que para los profesores había anunciado que cobrarán los meses restantes.

La clausura del año escolar en Bolivia, que entró en efecto el pasado 3 de agosto, fue criticada dentro y fuera del país, incluso por organismo internacionales como Unicef, y generó movilizaciones de profesores y padres de alumnos.

Los maestros ya habían exigido antes el retorno a la educación presencial, por considerar que las clases virtuales que se habían programado eran excluyentes dados los costos de internet en el país y sus carencias en zonas como las rurales.

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