El día de mañana, 9 de julio de 2020, se cumple un año desde que el gobierno de Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 3973. Este decreto, aún vigente, autorizó el uso de “quemas controladas” para ampliar el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Los siguientes meses Bolivia vivió uno de los mayores desastres ambientales en su historia: más de cinco millones de hectáreas de bosque se perdieron por incendios. Siete bomberos perdieron su vida en las operaciones de socorro tanto en la Chiquitania como otras partes del país.

Estudios indican que un mínimo de dos millones de animales perecieron al fuego. Un año después existe total impunidad para los responsables de este desastre y las leyes que permiten estos incendios no han sido anuladas. Los candidatos han olvidado la importancia de exigir la abrogación del Decreto Supremo 3973. El gobierno de transición no toma acción en el asunto pese a la amenaza que son los incendios a nuestra salud pese a la pandemia del Covid. Pero quienes vivimos esta tragedia en primera persona no olvidamos el pedido: se debe abrogar el Decreto Supremo 3973.

El 9 de julio de 2019, el entonces presidente Morales realizó un acto público en Trinidad para anunciar la promulgación del decreto 3973. El lugar del acto donde se anunció esta ley, que fue una sentencia de muerte para nuestros bosques, no fue ni más ni menos que la sede de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni). Diversos representantes del sector ganadero recibieron el decreto entre sonrisas y aplausos al expresidente.

Evo Morales dijo en el acto: “La parte jurídica del equipo de palacio, no nos damos cuenta oportunamente, a veces tardamos”, indicando que este tipo de normativa debió ser aprobada antes. Luego añadió: “Cuando me explicaron esto los ganaderos, la Federación de Empresarios Privados, todos tienen los mismos derechos, cambiamos el decreto. Hemos cambiado el decreto, misión cumplida”. Misión cumplida para el gobierno de Morales y el sector ganadero, ecocidio para el país.

El hecho de que organizaciones como la Federación de Ganaderos del Beni hayan tenido una llegada tan directa a un gobierno autoritario muestra dónde estaban los intereses del gobierno de Morales, más allá de sus discursos ambientales. Organizaciones indígenas, sindicatos de salud, representantes de discapacitados nunca tuvieron la oportunidad de defender sus derechos con autoridades de máximo nivel durante el gobierno de Morales. Pero representantes de la agroindustria gozaban de la capacidad de “explicar” sus derechos al equipo jurídico del Palacio, incluso logrando el cambio de legislación, como indicó Morales.

Encima de eso ni el sector ganadero, ni el mismo gobierno del MAS, tuvieron la inteligencia para notar que en caso de que los incendios se descontrolen, como país no tenemos la capacidad de apagar incendios forestales de gran magnitud de forma eficiente. Cuando el desastre empezó, nadie pudo proveer ayuda rápida.

Mientras la respuesta del gobierno de Morales a los incendios de la Chiquitania fue pésima, es aún más vergonzoso que el gobierno de transición no haya anulado las leyes que autorizan el uso de quemas para desmonte. El pedido de anulación de estas leyes fue una constante en los cabildos y protestas de octubre del año pasado. La abrogación del Decreto Supremo 3973 debió ser una de las primeras medidas del gobierno de Jeanine Añez.

De la misma forma debió haber una investigación profunda tanto a la respuesta del gobierno como a las denuncias de abuso de militares e impedimento del trabajo de bomberos voluntarios. Muchos activistas, yo incluida, fuimos víctimas de amedrentamiento por denunciar abusos durante los incendios. Por eso hoy continuaremos pidiendo la abrogación de esta ley y justicia para las familias de las víctimas de los incendios. Si no cambia la legislación que causó el desastre, los incendios pueden repetirse este año y el gobierno de Añez deberá responder también frente a nuevas pérdidas medioambientales. No esperemos a que sea demasiado tarde.