El Gobierno interino de Bolivia pidió este miércoles a la Fiscalía que tramite la exhumación del cadáver de un policía feminicida, que resultó ser clave en la desarticulación de un supuesto grupo terrorista durante el mandato de Evo Morales.

El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, se presentó ante la Fiscalía en La Paz para pedir la exhumación del cadáver que se cree es del teniente Jorge Clavijo, que fue condenado por el asesinato de su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, en febrero de 2013.

«Hay serias dudas de que sea el cuerpo de Clavijo», por lo que es necesario realizar una prueba de ADN, «si es Clavijo está cerrado el caso y si no es, hay que buscar donde está», sentenció Murillo.

El ministro interino señaló que hicieron una investigación y existen «serias dudas» de que el cuerpo que se dijo era de Clavijo realmente le corresponda, en un caso que es uno de los temas «sensibles» en Bolivia que no se han aclarado.

El policía Clavijo pertenecía a la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (Utarc), un grupo de élite de la Policía Boliviana ya disuelto, en el que actuó para desarticular un supuesto grupo extremista en abril de 2009.

El Gobierno de Evo Morales acusó a aquella agrupación liderada por el boliviano-húngaro Eduardo Rósza de tramar una sublevación que buscaba la división del país en un tiempo de intensos conflictos regionales.

En 2011, la Administración de Morales condecoró a los 22 integrantes de esa tropa policial de élite, al punto de considerarlos una especie de héroes nacionales que evitaron la división del país.

UN CRIMEN QUE CONMOCIONÓ AL PAÍS

La historia paralela se produjo cuando en febrero de 2013 se supo que Clavijo pudo haber asesinado a su esposa Hanalí asestándole quince puñaladas en presencia de su hijo de 5 años, que fue el final de una serie de maltratos denunciados por la mujer.

El entonces teniente de la Policía escapó sin dejar rastro.

Un mes después, la Policía encontró un cadáver ya descompuesto cerca de un río a 200 kilómetros al noreste de La Paz, que se dijo era el suyo y que estaba colgado en un árbol como si se hubiese ahorcado, por lo que se manejó la versión de que se había quitado la vida.

Aquella evidencia se topó con estudios realizados por la familia de la periodista asesinada, que determinaron que el supuesto cuerpo no era del policía pero, pese a ello el caso se declaró cerrado por la Justicia.

No obstante, Murillo señaló que hay «incongruencias» en los informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre este caso y todavía hay «serias dudas» de que aquel cuerpo «sea del verdadero Clavijo».

Varios sectores de la opinión pública han considerado este tiempo que el Gobierno de entonces buscó proteger a Clavijo, por tener información clave sobre el caso del supuesto grupo terrorista.

El asesinato de Hanalí Huaycho sirvió en su momento para que el Parlamento del país acelerara la aprobación de una ley contra la violencia hacia las mujeres, que castiga los feminicidios con treinta años de prisión, la pena máxima en Bolivia.